¿Impacta la falta de control en las concesiones al aumento de corrupción portuaria? Se desarrollarán todos aquellos conceptos que mantengan relación con la calificación del delito de contrabando y los procesos que el control aduanero, lo cual será un instrumento de gran utilidad que impulsará y contribuirá con la sociedad. Según Ausejo, C. Burger, K. (2018), “Es necesaria la implementación de sistemas de supervisión rigurosos y actualizados para evitar prácticas corruptas en las concesiones portuarias". Por lo tanto, debido a que la medida propuesta por Ausejo y Burger se fundamenta en la actualización de las leyes, nos lleva a una eficaz forma de poner a prueba nuevas estructuras de contención contra la corrupción y representa un avance necesario en este sentido. Aunque existen dos maneras de fortalecimiento de las instituciones encargadas de establecer el acuerdo de concesiones, se debe analizar la mejor para una mayor eficacia. César, V. N. (2018, julio 1). “La adopción de un Sistema de Gestión Anti-Soborno sería lo adecuado para mitigar la corrupción”. Por otro lado, para Manayalle, A. (2006) es imprescindible la creación de una plataforma electrónica para un intercambio inteligente y seguro de información portuaria. Si bien es cierto que ambas medidas de iniciarse serían la primera vez que son aplicadas, no se sabe por ello qué tanto impacto positivo a la mitigación de la corrupción tendría, pero hemos llegado a la conclusión de que debido al menor tiempo que implique la implementación de leyes en los contratos de concesiones, creemos que es la manera más viable y correcta de combatir la corrupción en el ámbito portuario. En consecuencia, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de las concesiones portuarias garantiza un mayor control por parte de estas. En el presente trabajo se explicará la importancia y la razón detrás del fortalecimiento de las instituciones públicas en el contexto de un acuerdo de concesión.
El fortalecimiento de las instituciones encargadas de las concesiones portuarias es esencial, debido a que ayuda a prevenir y combatir la corrupción en el proceso de otorgamiento y gestión de las concesiones. Para comprender mejor esta idea, es importante definir qué se entiende por concesión. La concesión se define como el acto de otorgar a una entidad privada el derecho de operar y gestionar un servicio público que sirve como un método de mejor gestión. Es decir, es el derecho de operar otorgando a una entidad privada el control total o parcial de un servicio público. Por lo tanto, debidamente controlado funciona como un buen método para una mejor gestión portuaria. Para corroborar dicha información, aclaramos que, según un estudio realizado por la Organización Mundial del Comercio, "las concesiones portuarias pueden contribuir al desarrollo económico y social del país brindando transparencia en las operaciones" (OMC, 2004). Por consiguiente, en Perú se deben implementar concesiones controladas para evitar casos de corrupción en el ámbito portuario.
Por un lado, apareció una nueva denuncia sobre los principales ejecutivos de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) y despidos obligatorios por parte de la Federación de Trabajadores Portuarios (FENTENAPU). Pues se trata de que estos ejecutivos de tal empresa están obligando a los trabajadores a renunciar a sus empleos, estos desconocen por qué motivo la empresa está haciendo estas gestiones, solo se conoce que los ejecutores de este plan son los altos funcionarios de ENAPU. Asimismo, han ofrecido una fuerte cantidad de dinero como bono de productividad por conseguir las renuncias inmediatas, denunció Leopoldo Ortiz (La República, 2012). También el Ministerio de Trabajo y de Transporte y Comunicaciones (MTC), así como abogados o supuestos representantes de los trabajadores ponían presión contra más de 500 trabajadores, si se cometían dichas renuncias se beneficiaban con un ingreso económico, por lo cual era un acto de corrupción. Por otro lado, la denuncia impulsada por la procuraduría anticorrupción y por la federación de portuarios implica a Alan García. Según el expresidente, entregó en concesión por 30 años el terminal portuario del Callao, este se representa como el principal puerto de la costa oeste del Pacífico Sur. Por lo cual se abrieron investigaciones al expresidente y a 21 personas más por delitos de colusión agravada y negociación incompatible en perjuicio del Estado, según informa (Exitosa Noticia, 2018). Se reveló que había una inversión de 1900 millones de dólares de APM Terminals para la irregular concesión portuaria del Callao, e inexplicablemente se rebajó a 748 millones; también el MTC (ministro Enrique Cornejo) modificó el artículo 57 del reglamento del Sistema Portuario Nacional, para supuestamente lograr el fortalecimiento de la competitividad portuaria pública; sin embargo, estaban arrogando atribuciones para el faenón. “Asimismo, Alan García había facilitado a la empresa APM Terminals, brindando apoyo con manejos de influencias e instrumentos de gestión, de los cuales se encontraban los decretos de urgencia para viabilizar la concesión, con el objetivo de favorecer a la empresa APM Terminals del Callao” (El Comercio, 2018). Por lo expuesto, es necesario el fortalecimiento de las instituciones para prevenir y combatir la corrupción en el proceso de otorgamiento y gestión de las concesiones portuarias.
En conclusión, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de las concesiones portuarias es crucial para garantizar un mayor control y prevenir la corrupción en este ámbito. Al fortalecer las instituciones encargadas de las concesiones portuarias, se promueve un ambiente de transparencia, confianza y buen gobierno en el sector. A través de la implementación de sistemas de supervisión rigurosos, la actualización de las leyes y la adopción de medidas como un Sistema de Gestión Anti-Soborno y una plataforma electrónica de intercambio de información portuaria, se pueden establecer estructuras efectivas para combatir la corrupción. Si bien es cierto que tanto la adopción de medidas legales como la implementación de nuevas tecnologías pueden ser formas válidas de abordar el problema, consideramos que la agilidad y eficacia de la implementación de leyes en los contratos de concesiones portuarias proporciona una solución viable y efectiva. Este fortalecimiento no solo beneficia a la sociedad en general, sino que también impulsa el desarrollo económico y social del país a través de una gestión portuaria más eficiente y responsable ya que es lo que urgentemente se debe percibir ante el poco desarrollo económico y social que atraviesa el Perú.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
César, V. N. (2018, July 1). ISO 37001 Sistema de Gestión Anti-Soborno (SGAS)como herramienta para establecer una cultura de integridad, transparencia,honestidad y cumplimiento, para prevenir los riesgos relacionados al soborno enlas actividades de los terminales portuarios peruanos. Recuperado de https://repositorio.apn.gob.pe/handle/20.500.14260/10
Ausejo, C., & Burguer, K. (2018). La necesidad de regular los puertos privados que presten servicios públicos. Tesis para optar al Grado Académico de Magíster en Regulación y Gestión de Servicios Públicos. Recuperado de https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/2291/Claudia_Tesis_maestria_2018.pdf?sequence=1
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